La exalcaldesa de La Paz, Esthela del Jesús Ponce Beltrán (2011-2015), Coordinadora General de la Campaña de la aspirante a presidir el CEN del PRI, Ivonne Ortega Pacheco, fue señalada en el juicio que enfrentó Joaquín “El Chapo” Guzmán en la corte federal de Nueva York, EEUU.

En el juicio contra el narcotraficante, un testigo de la Fiscalía del Estado de Nueva York involucró a Ponce Beltrán con el capo de la droga, de quien dijo, la entonces alcaldesa pidió ayuda para eliminar “a policías que la estaba molestando y que eran incómodos en la línea de mando”.

En su testimonio contra Guzmán Loera en la corte federal en Brooklyn, Dámaso López Núñez describió a los jurados un intercambio de mensajes por BlackBerry, en los que dijo a “El Chapo” que la alcaldesa de La Paz, Baja California Sur, quería eliminar a policías de La Paz que estaban insubordinados.

Dirigentes políticos y asociaciones civiles en Baja California Sur, señalaron que las acusaciones de la presunta relación entre El Chapo Guzman con Esthela Ponce son ciertas, y solo se hizo oficial algo que era vox populi para todos los bajacalifornianos.

Esthela Ponce es la coordinadora de la campaña de Ivonne Ortega, quien en ocasiones anteriores se ha visto envueltas en escándalos de corrupción en su natal Yucatán. El último cuando fue señalada como la beneficiaria de recursos del sector salud del Estado de Veracruz en el gobierno de Javier Duarte para emprender su aspiración a ser candidata presidencial.

Esthela maneja dinero del narco y el narco le pagó la campaña, dijo un excolaborador cercano a la exfuncionaria municipal; “no se cómo sabiendo todo lo que sabe de ella, Ivonne Ortega la eligió como coordinadora de la campaña, salvo Ivonne se esté salpicando con la misma agua”.

A Esthela Ponce le fueron interpuestas 22 demandas ante la PGR, por actos de corrupción durante su administración al frente del Ayuntamiento de la Paz al detectarse desvíos de recursos que ascienden a los 377 millones de pesos, aunque hay fuentes que señalan que los desvíos podrías ser de más de 800 millones.

Se le acusa, de haber autorizado durante su administración, el cambio de condición jurídica de dominio público a privado, de casi 80 parques y áreas verdes, para pagar deudas a proveedores. Dichos cambios fueron para beneficiar a personajes afines a los intereses políticos de la entonces alcaldesa y para facilitar las operaciones a personas vinculadas con el narcotráfico.

La autodenominada “política diferente”, Esthela Ponce, enfrentó un cuestionamiento grave, ante las revelaciones dadas a conocer en el semanario de la ciudad de Tijuana ZETA, que la señala por sus actos de corrupción y su vínculo con el narco.