De último momento, solo 24 horas antes de cerrar el periodo ordinario de sesiones, la senadora zacatecana Soledad Luévano, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y permitir la colaboración entre las asociaciones religiosas y el Estado.

La iniciativa busca establecer el marco jurídico para la colaboración entre las iglesias y el Estado con modificaciones al artículo 3, ya que señala que, aunque “el Estado mexicano es laico”, “no impedirá la colaboración entre éstas y el Estado en la promoción conjunta del desarrollo cultural y social de las personas”.

Además, en el artículo 9, fracción 8, incluye como un derecho de las asociaciones religiosas la celebración de “convenios de colaboración con las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno”.

Mientras que en la fracción 9, establece como otro de sus derechos el que puedan brindar “asistencia espiritual” en centros de salud o de reinserción social, instituciones de asistencia social, estancias o estaciones migratorias, instalaciones de los cuerpos policíacos y en las unidades del Ejército, Fuerza Aérea y la Marina Armada de México. También la instalación de centros de asistencia religiosa en el interior de dichas instituciones.

La modificación del artículo 21 sería para que las asociaciones religiosas puedan transmitir o difundir mensajes para su promoción “así como actos de culto religiosos a través de cualquier tipo de medio masivo de comunicación” en cualquier momento y sin previa autorización de la Secretaría de Gobernación como actualmente se establece.

Como ocurre con todas las iniciativas que presentan los integrantes de Morena, ésta deberá contar con el respaldo de todo el grupo parlamentario para que pueda ser aprobada en comisiones; si no logra el respaldo, se queda en la llamada congeladora de las comisiones del Senado.

La iniciativa de ley elimina la disposición legal actual de que “las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes”. Al eliminarse, como propone la senadora Soledad Luévano, las personas podrán objetar su religión para no cumplir con la ley.

Actualmente, la ley dice que “el Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva”.

La senadora de Morena quiere que ahora diga: “el Estado mexicano es laico, en consecuencia, garantizará plenamente el derecho humano a la libertad de religión de todas las personas, y ejercerá su autoridad”. Añade que no se “impedirá” la colaboración entre las iglesias y el Estado “en la promoción conjunta del desarrollo cultural y social de las personas, a través de los mecanismos previstos en las leyes correspondientes”.

Las religiones tendrán derecho “a la formación religiosa de sus asociados y ministros de culto, incluyendo el derecho de solicitar el reconocimiento de validez oficial de dichos estudios ante la autoridad competente, en los términos de la legislación aplicable”.

También propone eliminar el derecho del Estado a determinar cuáles propiedades pueden poseer las iglesias, para establecer que sólo éstas decidirán sobre sus propiedades, sin la intervención del Estado.