La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside la diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena), aprobó con 19 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, modificar el dictamen a la minuta que reforma el artículo 19 de la Constitución Política para incorporar al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa: el mal uso de programas sociales con fines electorales; la corrupción, tratándose de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, así como el robo de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
 
La minuta aprobada por el Senado de la República y remitida a la Cámara de Diputados, planteaba establecer nueve delitos que ameritaban prisión preventiva; sin embargo, la comisión consideró incorporar únicamente tres.
 
El documento señala que esta comisión dictaminadora está consciente e informada de que diferentes organismos de la sociedad mexicana e internacional consideran que el incremento del catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa afectan la esfera jurídica de las personas.
 
Desde esa perspectiva, aseguran que esa tendencia es violatoria de la presunción de inocencia, debido proceso, seguridad jurídica, independencia judicial, igualdad, integridad de las personas y el principio de progresividad de los derechos humanos, principalmente. Por ello, la comisión validó exclusivamente las tres conductas antijurídicas y punibles antes mencionadas.
 
Destaca que debido a la coyuntura de violencia, impunidad e inseguridad que afecta a las personas en todo el territorio nacional desde hace más una década, y que ha rebasado el espíritu garantista del nuevo sistema de justicia penal, el Estado mexicano debe tener mayores instrumentos para proteger los derechos de la sociedad y generar un ambiente de certidumbre.
 
Además, disminuir la alta incidencia en la comisión de algunas conductas delictivas altamente lesivas para víctimas o instituciones.
 
Establece que se busca atender de manera eficaz la problemática de impunidad e inseguridad en las que está inmerso nuestro país, situación que ha generado millones de víctimas ante los delitos de corrupción, uso indebido de los programas sociales y robo de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin que haya algún castigo o sanción a los responsables.
 
Al fijar su posicionamiento sobre el dictamen, el diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) subrayó que el uso electoral de recursos públicos, lesiona la democracia y es un delito que no lo comete cualquier persona, sino “los poderosos y que son elementos integrantes de la estructura del Estado corrupto”; por ello pidió apoyar la lucha contra este ilícito.