• El propósito es acabar con la corrupción y la impunidad en cada uno de sus tentáculos.

La secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval Ballesteros presentó un paquete de propuestas para reformar y crear distintas leyes que permitan reforzar el combate a la corrupción y a la impunidad en todas sus etapas y formas, ante legisladores del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Tenemos que darnos cuenta de que el combate a la corrupción no es un asunto de dinero, es un asunto de derecho fundamental. Tenemos que llenarnos de rabia, de indignación y actuar de manera coordinada para erradicarla”, advirtió.

Las propuestas abarcan reformas a la Ley General de Adquisiciones, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Federal de Derechos y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como la creación de las leyes de Conflicto de Interés y de Protección a Alertadores.

Sandoval Ballesteros refirió que “desde 2019 comenzaron a regir en el país reformas constitucionales de relevancia para prevenir y sancionar la corrupción, como la Ley Federal de Austeridad Republicana, que termina con el derroche y el dispendio en el gobierno federal; la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que elimina la burocracia dorada y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que asegura un mejor aprovechamiento de los recursos materiales y humanos”.

En materia de fiscalización, destacó que “la transformación de la auditoría en una verdadera herramienta de investigación y sanción de la corrupción arrojó observaciones por más de 65 mil millones de pesos: 46 mil 121 millones a estados y municipios y 20 mil 598 por obra pública, en la que sólo el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México presentó observaciones por más de 18 mil 666 millones de pesos, es decir, casi 90% del monto total observado a obra pública”.

Asimismo, las sanciones también cumplen hoy un papel más riguroso al aplicarse por actividades sustantivas y no sólo por incumplimientos de declaraciones patrimoniales, con lo que se tiene más de 3 mil servidores públicos sancionados, mil 263 inhabilitados, 192 destituidos, y 257 sancionados económicamente por casi 4 mil 500 millones de pesos.

La secretaria Sandoval Ballesteros puntualizó que estas cifras, junto con las de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas por más de mil 400 millones de pesos, significaron importantes avances para erradicar la impunidad que se reflejan en resultados como el del Barómetro Global de la Corrupción que muestran un aumento histórico de 37 puntos porcentuales en la confianza de las y los mexicanos hacia la política anticorrupción.

Mencionó, además, el Índice de Percepción de la Corrupción, también de Transparencia Internacional, en el que México subió un punto y ocho posiciones de 2018 a 2019 aun cuando el estudio dejó fuera acciones como la promulgación de la Ley Federal de Austeridad Republicana, los nuevos formatos de declaración patrimonial, las sanciones a ex funcionarios de alto nivel, de esta administración y la pasada y el avance en la ciudadanización de la corrupción.