La Fiscalía General de Justicia del Estado de México se quedó con 20 predios e inmuebles localizados en el Valle de Toluca y de México, además de automóviles —entre ellos un Ferrari —, que antes pertenecían a criminales y que oscilan en precios de los 300 mil a los 2 millones de pesos, gracias a la aplicación de Ley de Extinción de Dominio. Al respecto, el fiscal Alejandro Gómez Sánchez destacó que entre esos bienes se encuentran narcotienditas y subrayó el caso de una propiedad ejidal localizada en San Pablo Autopan, Toluca, que fue utilizada como casa de seguridad para secuestro y, que pese a lo estipulado en el artículo 27 Constitucional donde señala como inembargable e imprescriptible los ejidos, en la entidad lograron la primera sentencia en la materia. “Porque a cambio el 22 Constitucional establece que los bienes asociados a la comisión de ciertos delitos, entre otros el secuestro, son materia de extinción de dominio. Tenemos dos disposiciones constitucionales respecto a una misma hipótesis, entonces vamos a ir hasta la Suprema Corte a litigar, porque está en amparo”, apuntó.

Entrevistado tras encabezar el primer Conversatorio Nacional sobre Extinción de Dominio, que se lleva a cabo en la capital de la entidad y concluye hoy, destacó que la entidad cuenta con el Instituto de Administración de Bienes Asegurados, encargado de ejecutar la sentencia para quedarse con la propiedad y regular el producto de la venta que se destina al gobierno estatal para fines sociales. Sobre las propiedades en renta, explicó que deben definir cómo abordarlos, porque la Constitución establece que el dueño puede interponer los recursos legales que acrediten elorigen lícito de su propiedad y que desconocía que se usaba para un ilícito.

Una forma de dar certeza jurídica, dijo, sería registrar el contrato de arrendamiento ante el catastro y el Registro Público de la Propiedad, pero si un arrendatario recibe el pago adelantado de un año de renta pero no indaga más, entonces “se puede presumir que hay cierta responsabilidad”.

Gómez Sánchez señaló la importancia de que previo a un procedimiento de extinción de dominio, la autoridad valore si el precio del inmueble vale la pena porque a veces se trata de bienes sin valor real y que iniciar el acto jurídico cuesta más que el beneficio. Gómez Sánchez añadió que una disposición cuestionada es la de venta anticipada, considerada polémica en el ámbito jurídico y académico pero que ya existía en el Código Federal de Procedimientos Penales, donde señala que deben ser destinados productos perecederos para donativo y aprovecharlos antes de que se echen a perder, si al final del procedimiento resulta la devolución, el Estado tendrá que hacer el pago al valor del mercado más los intereses correspondientes, pero no es tan novedosa, “no hay que tenerle miedo”.

En su intervención en la ceremonia inaugural, calificó de histórico tener el encuentro donde participan ministerios públicos, jueces, magistrados del fuero común y del fuero federal, donde se tomarán los acuerdos necesarios para exponerlos en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.