Por haber actuado a favor del ex gobernador Javier Duarte para reclasificar sus delitos de delincuencia organizada por asociación delictuosa y así reducir su pena, La Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió una denuncia de hechos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del ex director general de Procesos Legales, Mauricio Moreno Balbuena.

La UIF muestra evidencia de cómo tres meses antes del cambio de gobierno, el funcionario perteneciente a esta unidad fue quien solicitó al Ministerio Público la reclasificación de delitos, desdiciéndose de la investigación e incluso, de la denuncia que ellos mismos presentaron dos años antes en contra del ex gobernador de Veracruz y nueve personas más por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según las investigaciones recabadas y el oficOo que recibió la semana pasada la SFP.

Una denuncia de hechos en contra de 10 personas que realizaron operaciones financieras y actos jurídicos en conjunto, con las cuales, “introdujeron recursos al sistema financiero nacional mediante un complejo esquema de operaciones para otorgarles una apariencia de licitud, describe la narración de hechos sobre el proceso de la indagatoria que comenzó el 16 de octubre de 2016 cuando la UIF presentó mediante el oficio 110/F/B/3465/2016 a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

Según las investigaciones que se realizaron sobre los ilícitos,  tuvieron como objetivo aparentar que los recursos se obtuvieron como ganancia de operaciones comerciales lícitas; sin embargo, llevaron a cabo compraventas de parcelas para después trasladar de manera artificial un valor injustificado, para finalmente introducir al sistema financiero las cantidades de dinero ganadas por la sobrevaluación de dichos inmuebles, aunado a que algunos de los recursos provinieron del gobierno de Veracruz”.

Cabe destacar que la UIF en elprocso de las indagatorias,  señaló a Moisés Mansur Cysneiros, Alfonso Ortega López, José Juan Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Javier Nava Soria, Elia Arzate Peralta, Nadia Isabel Arzate Peralta, Miguel Vázquez Nieva y Santa Bartolo Acuña.

Según la línea de acciones sobre el caso específico,  se inició una carpeta de investigación en octubre de 2016 y lograron el 22 de julio de 2017 que el juez especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal de la Ciudad de México, emitiera el auto de vinculación a proceso en contra de Javier Duarte por ambos delitos, mismo que se ratificó en octubre de ese mismo año, tras una apelación del ex priista.